martes, 24 de marzo de 2009
De cuatro casos de presuntas irregularidades ocurridos en Santander y de la labor que adelanta en el departamento y el Magdalena Medio el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, nos habló José Leonardo Guío, asesor del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez para estos temas, en los departamentos de Antioquia, Casanare y Santander, y la región del Magdalena Medio.
De los 13 contratos que se están auditando, 4 han presentado irregularidades que son investigadas por las autoridades civiles y judiciales, afirma el asesor presidencial.
Las auditorias visibles y los pactos por la transparencia son las grandes estrategias de este programa que busca hacer conciencia de la importancia de no coger para uso privado los recursos públicos y de involucrar a la comunidad en las obras que se realizan.
P: ¿Dr. Guío, en Colombia qué mecanismos hay que nos ayuden a medir la corrupción?
R: Tenemos las estadísticas de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que nos permiten avizorar el panorama de fenómenos de corrupción administrativa en entes territoriales. Hay también estadísticas de Transparencia por Colombia, que miden los índices de disponibilidad de información y acceso a ella que ofrecen las administraciones. Tenemos también los indicadores de evaluación del desempeño integral municipal que realiza el Departamento Nacional de Planeación que pueden ser consultados en la página web de esta entidad (www.dnp.gov.co).
P: En la práctica ¿robarse la plata de una obra pública o hacer una obra y no utilizarla es casi lo mismo?
R: La pérdida del recurso genera un impacto, que es la deficiente prestación del servicio público o la cobertura, pero también si se tiene una administración ineficaz que no usa de manera óptima los recursos se estaría generando un impacto, entre comillas, similar al de la corrupción porque se afecta la prestación del servicio público.
P: ¿Qué herramientas utiliza el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción para tratar de combatir este monstruo de mil cabezas?
R: Dos grandes herramientas utiliza el programa, una, las auditorías visibles, y dos, los pactos por la transparencia.
La auditoría visible es el acompañamiento desde la etapa en que se adjudica el contrato y se inicia su ejecución hasta que se termina, no es una herramienta destinada a erradicar la corrupción, su fin es permitirle a la comunidad apoderarse de los proyectos que los beneficia. Para desarrollarla se cita al contratista, el interventor, a la comunidad, a la autoridad que contrata y el programa lleva un ingeniero experto y un abogado, se hacen tres foros uno en la etapa precontractual o cuando la obra se adjudica, otro de seguimiento cuando la ejecución de la obra va en un 50% y uno al terminar la obra para evaluar. Se constituye un comité de beneficiarios con la comunidad para empoderarla y a los contratistas y autoridades se le motiva a que le informen a la comunidad acerca de la ejecución de esos contratos y respondan a las inquietudes e irregularidades que se presenten. Las autoridades deben implementar estas auditorías en sus sistemas de control interno.
Los pactos por la transparencia son acuerdos de voluntades entre las administraciones públicas y las comunidades para verificar que los escenarios de transparencia y disponibilidad de la información sean óptimos y se permita un acceso a la información suficiente para poder ejercer un control sobre la ejecución de los programas de gobierno.
P: Con tantos contratos que se hacen en una administración ¿qué criterios se tienen para escoger los que se van a auditar?
R: Se escogen teniendo en cuenta el monto, el número de beneficiarios, los estratos, 1, 2 preferiblemente, y los impactos, es decir el área en el que se ubican, si son de salud, vivienda y educación, para nosotros son prioritarios.
P: Está claro que ustedes escogen las obras a auditar teniendo en cuenta unos criterios, pero si una comunidad les pide que la ayuden con una obra en especial ¿Qué se puede hacer, a dónde pueden acudir?
R: Claro que sí. Las oficinas de la Fundación Participar, que es nuestro socio estratégico en Santander y el Magdalena Medio, están abiertas para todos en su sede de la UIS BUCARICA (Carrera 19 No. 35-02 Oficina 243. Teléfono: 6702222. Telefax: 6704444. Celular: 3174350277. E-mails: fundacionparticipar@hotmail.com, fundparticipar@yahoo.es).
P: ¿Cómo una comunidad puede evaluar la gestión de un gobernante si la rendición de cuentas es un listado de eventos e inversiones, donde no se conoce el real impacto de las obras?
R: Desde la estrategia de los pactos por la transparencia estamos impulsando una nueva metodología para que rindan cuentas, no en un evento sino en dos y de manera sectorial. Seguir haciéndolo como hasta ahora, a juicio del programa no es transparente. Nuestra propuesta es hacerlo en dos foros anuales uno de educación y salud; y el otro de vivienda, saneamiento básico, urbanismo, recreación, deporte y donde se resalten los programas más importantes del año con su respectiva publicación en los sitios web.
La propuesta ya se le hizo a la Gobernación de Santander y a las alcaldías de Bucaramanga, Barrancabermeja y Sabana de Torres. La alcaldía de la capital santandereana ha sido la más interesada pero esperamos que todos la acojan a través de ordenanza en el departamento y acuerdos en los municipios para que en el 2010, las rendiciones de cuentas se hagan con esta nueva metodología. Obviamente la propuesta es para que se debata y se adopte la mejor metodología para que la rendición de cuentas se haga de manera más técnica.
P: ¿Qué ha hecho el programa en esta zona del país, cuáles son los resultados concretos?
R: En total estamos auditando 13 contratos. Voy a referirme a los contratos que de alguna manera han reportado presuntas irregularidades.
Un contrato polémico y problemático es el de la construcción del acueducto del corregimiento La Fortuna en Barrancabermeja que venimos auditando desde octubre del año pasado, cuyo costo de contratación fue de 3.156 millones de pesos. Allí se generó una adición de mil millones de pesos porque se hizo una modificación a los diseños. Lo que el programa cuestiona es que si se pago a una firma consultora para hacer los diseños por qué después se modificaron. Tratamos de determinar si los diseños quedaron mal o estando bien se modificaron de manera innecesaria. Mientras trabajamos en la indagación, la ejecución continua y ya está en un 90%. El proyecto se está ejecutando técnicamente bien, lo que nosotros averiguamos es porque el cambio del diseño y la adición de 1.000 millones. Actualmente está en estudio en la unidad de análisis e investigación de denuncias del programa y allí se determinará si se envía a la Procuraduría General de la Nación.
Otro proyecto es el suministro de transporte fluvial tipo ferry en el municipio de Puerto Wilches contratado por la anterior administración del departamento para modificar una estructura existente para usarla como ferry, por valor de 300 millones de pesos. La obra se entregó pero cuando se usó en la última emergencia por lluvias, sufrió grandes averías que no corresponden a una obra que usa por primera vez. Se remitió comunicación a la Procuraduría para que investigue las irregularidades disciplinarias en las que se hayan incurrido. En este tema se puede hacer uso de las pólizas que están vigentes 5 años después de terminada la obra, con el fin de arreglar el ferry.
El tercer proyecto que presenta irregularidades es el de la construcción de 35 viviendas para pescadores damnificados en el corregimiento el Cerrito del municipio de Sabana de Torres, en Santander. La administración anterior firmó un contrato con la Corporación Ciudad Futura para ejecutar el proyecto, se le pagó el anticipo pero no se construyeron las viviendas. El contratista nunca apareció y la administración hizo efectivas las pólizas de garantía. Gracias a la actual administración municipal el proyecto se viabilizó de nuevo, se aumentó el número de viviendas y se ejecuta con éxito.
El proyecto que más rezago y problema ha tenido es el de la construcción de la Ciudadela Nuevo Girón. Como sabemos los problemas empezaron por la compra del lote, incluso creo que ya hay un fallo de la Procuraduría que condena al alcalde anterior. El otro problema fue que debió rediseñarse la planta de tratamiento de aguas residuales para ampliarla de acuerdo a la envergadura del proyecto. Eso ha retrasado la construcción de las otras viviendas porque no se pueden construir hasta que esté el alcantarillado y su conexión a la planta. En la visita que hicimos la semana pasada nos dimos cuenta que ya está terminándose la planta y según informaciones de los funcionarios de Girón en junio o julio se estarían entregando 500 viviendas, pero ellos estarán ampliando esta noticia. Esta fecha sí es posible que se cumpla porque vi que las obras van adelantadas. 50 mil millones de pesos, es el costo de este proyecto que busca darle viviendas a 2.500 familias. Aquí se invirtieron recursos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Gobernación de Santander y el municipio de Girón.
P: Los pactos por la transparencia tienen un comité de seguimiento ¿Cómo va ese comité en Santander y el Magdalena Medio?
R: El comité de seguimiento ha sido reorganizado. En este momento está implementando una metodología de acompañamientos precontractuales, en el que un equipo de profesionales selecciona proyectos de impacto con montos importantes para hacerles un acompañamiento técnico en la fase precontractual. Creo que están haciendo una labor eficiente con el apoyo de la Cámara de Comercio y la Fundación Participar. Este comité también acompañará la construcción de la política pública de rendición de cuentas con la Gobernación de Santander y las alcaldías municipales que quieran acogerse a esta nueva metodología.
P: ¿Qué entidades han firmado pactos por la transparencia en esta región del país y quienes no los han firmado por qué no lo han hecho?
R: La Gobernación de Santander, las alcaldías de Bucaramanga, Barrancabermeja y Sabana de Torres, la CDMB y la alcaldía de Cantagallo en el sur de Bolívar. A los otros municipios no los hemos invitado a firmar los pactos por las limitaciones técnicas y presupuestales del programa.
P: ¿Qué sigue en este tema en el departamento de Santander y el país?
R: Sigue una reorientación del programa anticorrupción bajo la dirección del doctor Óscar Ortiz González, crear una política pública de rendición de cuentas para concejales y diputados y lograr que se institucionalice la rendición de cuentas con la nueva metodología.
De los 13 contratos que se están auditando, 4 han presentado irregularidades que son investigadas por las autoridades civiles y judiciales, afirma el asesor presidencial.
Las auditorias visibles y los pactos por la transparencia son las grandes estrategias de este programa que busca hacer conciencia de la importancia de no coger para uso privado los recursos públicos y de involucrar a la comunidad en las obras que se realizan.
P: ¿Dr. Guío, en Colombia qué mecanismos hay que nos ayuden a medir la corrupción?
R: Tenemos las estadísticas de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que nos permiten avizorar el panorama de fenómenos de corrupción administrativa en entes territoriales. Hay también estadísticas de Transparencia por Colombia, que miden los índices de disponibilidad de información y acceso a ella que ofrecen las administraciones. Tenemos también los indicadores de evaluación del desempeño integral municipal que realiza el Departamento Nacional de Planeación que pueden ser consultados en la página web de esta entidad (www.dnp.gov.co).
P: En la práctica ¿robarse la plata de una obra pública o hacer una obra y no utilizarla es casi lo mismo?
R: La pérdida del recurso genera un impacto, que es la deficiente prestación del servicio público o la cobertura, pero también si se tiene una administración ineficaz que no usa de manera óptima los recursos se estaría generando un impacto, entre comillas, similar al de la corrupción porque se afecta la prestación del servicio público.
P: ¿Qué herramientas utiliza el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción para tratar de combatir este monstruo de mil cabezas?
R: Dos grandes herramientas utiliza el programa, una, las auditorías visibles, y dos, los pactos por la transparencia.
La auditoría visible es el acompañamiento desde la etapa en que se adjudica el contrato y se inicia su ejecución hasta que se termina, no es una herramienta destinada a erradicar la corrupción, su fin es permitirle a la comunidad apoderarse de los proyectos que los beneficia. Para desarrollarla se cita al contratista, el interventor, a la comunidad, a la autoridad que contrata y el programa lleva un ingeniero experto y un abogado, se hacen tres foros uno en la etapa precontractual o cuando la obra se adjudica, otro de seguimiento cuando la ejecución de la obra va en un 50% y uno al terminar la obra para evaluar. Se constituye un comité de beneficiarios con la comunidad para empoderarla y a los contratistas y autoridades se le motiva a que le informen a la comunidad acerca de la ejecución de esos contratos y respondan a las inquietudes e irregularidades que se presenten. Las autoridades deben implementar estas auditorías en sus sistemas de control interno.
Los pactos por la transparencia son acuerdos de voluntades entre las administraciones públicas y las comunidades para verificar que los escenarios de transparencia y disponibilidad de la información sean óptimos y se permita un acceso a la información suficiente para poder ejercer un control sobre la ejecución de los programas de gobierno.
P: Con tantos contratos que se hacen en una administración ¿qué criterios se tienen para escoger los que se van a auditar?
R: Se escogen teniendo en cuenta el monto, el número de beneficiarios, los estratos, 1, 2 preferiblemente, y los impactos, es decir el área en el que se ubican, si son de salud, vivienda y educación, para nosotros son prioritarios.
P: Está claro que ustedes escogen las obras a auditar teniendo en cuenta unos criterios, pero si una comunidad les pide que la ayuden con una obra en especial ¿Qué se puede hacer, a dónde pueden acudir?
R: Claro que sí. Las oficinas de la Fundación Participar, que es nuestro socio estratégico en Santander y el Magdalena Medio, están abiertas para todos en su sede de la UIS BUCARICA (Carrera 19 No. 35-02 Oficina 243. Teléfono: 6702222. Telefax: 6704444. Celular: 3174350277. E-mails: fundacionparticipar@hotmail.com, fundparticipar@yahoo.es).
P: ¿Cómo una comunidad puede evaluar la gestión de un gobernante si la rendición de cuentas es un listado de eventos e inversiones, donde no se conoce el real impacto de las obras?
R: Desde la estrategia de los pactos por la transparencia estamos impulsando una nueva metodología para que rindan cuentas, no en un evento sino en dos y de manera sectorial. Seguir haciéndolo como hasta ahora, a juicio del programa no es transparente. Nuestra propuesta es hacerlo en dos foros anuales uno de educación y salud; y el otro de vivienda, saneamiento básico, urbanismo, recreación, deporte y donde se resalten los programas más importantes del año con su respectiva publicación en los sitios web.
La propuesta ya se le hizo a la Gobernación de Santander y a las alcaldías de Bucaramanga, Barrancabermeja y Sabana de Torres. La alcaldía de la capital santandereana ha sido la más interesada pero esperamos que todos la acojan a través de ordenanza en el departamento y acuerdos en los municipios para que en el 2010, las rendiciones de cuentas se hagan con esta nueva metodología. Obviamente la propuesta es para que se debata y se adopte la mejor metodología para que la rendición de cuentas se haga de manera más técnica.
P: ¿Qué ha hecho el programa en esta zona del país, cuáles son los resultados concretos?
R: En total estamos auditando 13 contratos. Voy a referirme a los contratos que de alguna manera han reportado presuntas irregularidades.
Un contrato polémico y problemático es el de la construcción del acueducto del corregimiento La Fortuna en Barrancabermeja que venimos auditando desde octubre del año pasado, cuyo costo de contratación fue de 3.156 millones de pesos. Allí se generó una adición de mil millones de pesos porque se hizo una modificación a los diseños. Lo que el programa cuestiona es que si se pago a una firma consultora para hacer los diseños por qué después se modificaron. Tratamos de determinar si los diseños quedaron mal o estando bien se modificaron de manera innecesaria. Mientras trabajamos en la indagación, la ejecución continua y ya está en un 90%. El proyecto se está ejecutando técnicamente bien, lo que nosotros averiguamos es porque el cambio del diseño y la adición de 1.000 millones. Actualmente está en estudio en la unidad de análisis e investigación de denuncias del programa y allí se determinará si se envía a la Procuraduría General de la Nación.
Otro proyecto es el suministro de transporte fluvial tipo ferry en el municipio de Puerto Wilches contratado por la anterior administración del departamento para modificar una estructura existente para usarla como ferry, por valor de 300 millones de pesos. La obra se entregó pero cuando se usó en la última emergencia por lluvias, sufrió grandes averías que no corresponden a una obra que usa por primera vez. Se remitió comunicación a la Procuraduría para que investigue las irregularidades disciplinarias en las que se hayan incurrido. En este tema se puede hacer uso de las pólizas que están vigentes 5 años después de terminada la obra, con el fin de arreglar el ferry.
El tercer proyecto que presenta irregularidades es el de la construcción de 35 viviendas para pescadores damnificados en el corregimiento el Cerrito del municipio de Sabana de Torres, en Santander. La administración anterior firmó un contrato con la Corporación Ciudad Futura para ejecutar el proyecto, se le pagó el anticipo pero no se construyeron las viviendas. El contratista nunca apareció y la administración hizo efectivas las pólizas de garantía. Gracias a la actual administración municipal el proyecto se viabilizó de nuevo, se aumentó el número de viviendas y se ejecuta con éxito.
El proyecto que más rezago y problema ha tenido es el de la construcción de la Ciudadela Nuevo Girón. Como sabemos los problemas empezaron por la compra del lote, incluso creo que ya hay un fallo de la Procuraduría que condena al alcalde anterior. El otro problema fue que debió rediseñarse la planta de tratamiento de aguas residuales para ampliarla de acuerdo a la envergadura del proyecto. Eso ha retrasado la construcción de las otras viviendas porque no se pueden construir hasta que esté el alcantarillado y su conexión a la planta. En la visita que hicimos la semana pasada nos dimos cuenta que ya está terminándose la planta y según informaciones de los funcionarios de Girón en junio o julio se estarían entregando 500 viviendas, pero ellos estarán ampliando esta noticia. Esta fecha sí es posible que se cumpla porque vi que las obras van adelantadas. 50 mil millones de pesos, es el costo de este proyecto que busca darle viviendas a 2.500 familias. Aquí se invirtieron recursos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Gobernación de Santander y el municipio de Girón.
P: Los pactos por la transparencia tienen un comité de seguimiento ¿Cómo va ese comité en Santander y el Magdalena Medio?
R: El comité de seguimiento ha sido reorganizado. En este momento está implementando una metodología de acompañamientos precontractuales, en el que un equipo de profesionales selecciona proyectos de impacto con montos importantes para hacerles un acompañamiento técnico en la fase precontractual. Creo que están haciendo una labor eficiente con el apoyo de la Cámara de Comercio y la Fundación Participar. Este comité también acompañará la construcción de la política pública de rendición de cuentas con la Gobernación de Santander y las alcaldías municipales que quieran acogerse a esta nueva metodología.
P: ¿Qué entidades han firmado pactos por la transparencia en esta región del país y quienes no los han firmado por qué no lo han hecho?
R: La Gobernación de Santander, las alcaldías de Bucaramanga, Barrancabermeja y Sabana de Torres, la CDMB y la alcaldía de Cantagallo en el sur de Bolívar. A los otros municipios no los hemos invitado a firmar los pactos por las limitaciones técnicas y presupuestales del programa.
P: ¿Qué sigue en este tema en el departamento de Santander y el país?
R: Sigue una reorientación del programa anticorrupción bajo la dirección del doctor Óscar Ortiz González, crear una política pública de rendición de cuentas para concejales y diputados y lograr que se institucionalice la rendición de cuentas con la nueva metodología.
