LOS PERSONEROS SE ACTUALIZARON EN TEMAS DE JUSTICIA Y PAZ

jueves, 10 de septiembre de 2009

Los personeros pertenecientes a los diferentes municipios del departamento de Santander, recibieron capacitación por parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, sede Regional Nororiente.

Durante la jornada se trabajaron y se retroalimentaron en temas como protección y seguridad de víctimas en el marco de la Ley 975/05; dinamización de las Redes Provinciales de Personeros en articulación con la Red de mujeres; protección preventiva de patrimonio; restitución de tierras y el sistema regional de seguimiento de casos individuales.

El objetivo del encuentro consistió en reiterar el compromiso de apoyar la labor de las personerías en la compleja tarea de proteger los derechos humanos de las personas en el departamento; especialmente de las víctimas del conflicto armado.

Para el doctor David Augusto Peña, “el proceso de encuentro con personeros municipales en el nororiente y particularmente con los de Santander, que el año pasado establecieron el compromiso de la red provincial de personeros, pretende a partir de la fecha, promover en ellos, acciones a favor de las victimas que van más allá del simple registro de formularios”.

Peña, expresó también, que, en su ejercicio de promoción y divulgación realicen un verdadero acompañamiento a la victimas como sería la de apoyar los planes que las mujeres vienen programando en los difierentes municipios o la de impulsar un trabajo hacia los niños, niñas, jóvenes y en involucrar a las autoridades locales para garantizar los derechos de las víctimas.

La capacitación contó con el apoyo del Área de Reconciliación de la CNRR, PNUD, Misión de apoyo al Proceso de Paz, MAPP-OEA y la Personería de Bucaramanga. El taller se pudo efectuar en las instalaciones de la Sede Administrativa Puerta del Sol, salón Reinaldo Rodríguez en la ciudad de Bucaramanga, gracias al soporte que viene brindando a la CNRR, la Caja de Compensación Familiar CAJASAN.

UN MAPA DE RIESGO DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA, TENDRÁ EL NORORIENTE

jueves, 20 de agosto de 2009

Santander y el nororiente de Colombia, tendrán dentro de poco un mapa de riesgo de las víctimas de la violencia, según se desprende de los compromisos asumidos por El Comité Regional de Justicia y Paz para lo que resta del 2009.

Este mapa servirá para ofrecer seguridad colectiva a las víctimas de la violencia en esta zona del país y garantizar la no repetición de hechos violentos, tal y como lo estipula la Ley de Justicia y Paz.

El Comité también acordó realizar una Jornada de Atención a Víctimas en los municipios de Málaga y Capitanejo, en la provincia de García Rovira en Santander, los días 26 y 27 de agosto.

Igualmente se analiza la manera de poner en marcha la “Estrategia Móvil de Atención a Víctimas” presentada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, MAPP-OEA, que consiste en una unidad móvil dotada con la tecnología que permita atender a las víctimas en los lugares más apartados de la región.

El Comité se interesó en el programa de “Barras académicas de la Defensoría del Pueblo de Santander en el marco de la ley de justicia y paz”, que consiste en una actividad de reflexión y análisis de la normatividad vigente para los procesos de justicia y paz, que se lleva a cabo el último jueves de cada mes.

Asisten a este Comité, entre otras instituciones: Policía de Bucaramanga, Fiscalía, Procuraduría de Santander, MAPP-OEA, ONU, ICBF, Acción Social, ACR, Defensoría del Pueblo Regional Santander, Personería de Bucaramanga, Unidad de Atención y Orientación, UAO de Bucaramanga, Secretaría de Gobierno de Bucaramanga, Oficina de Paz de Bucaramanga, la Corporación Compromiso, Familiares Colombia y DNP.

INFORME VEEDURÍA DE LOS RECURSOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN EL ÁREA METROPOLITANA, LEBRIJA Y BARRANCABERMEJA

martes, 14 de julio de 2009

Un completo informe acerca de la utilización de los recursos de la población en situación de desplazamiento presentó “El Comité Central de Veeduría Ciudadana de Población Desplazada –COVEEPIUS-” un proyecto liderado por la Fundación Participar con el apoyo de ACNUR.

Dora Luisa Joya Jiménez, coordinadora del proyecto, señala que “Mediante derechos de petición, participación en los comités municipales de atención a población desplazada, en las mesas de ayuda humanitaria de emergencia, de estabilización socioeconómica, de prevención y protección y de fortalecimiento de las organizaciones de población desplazada, se intenta garantizar que los recursos se ejecuten en los programas y proyectos del Plan Integral Único, PIU, y Planes de Desarrollo de estos municipios”.

RESULTADOS

Barrancabermeja

• Se restablecen sus derechos con capacitaciones y programas de generación de ingresos. En el 2008 se invirtieron $800 millones y en el 2009 $866 millones.
• ACCIÓN SOCIAL Unidad Técnica MAGDALENA MEDIO, atiende de manera deficiente y le cierra las puertas a esta población, dificultando los procedimientos y negando las solicitudes, haciendo caso omiso a las órdenes dadas por la Corte Constitucional mediante sus diferentes Autos.
• Se realizará un cabildo abierto para tratar el tema de salud, organizado por el Comité, la Mesa de Fortalecimiento de Organizaciones de población desplazada y la alcaldía de Barrancabermeja.
• En el V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizará en Barrancabermeja del 11 al 14 de agosto, se presentará un informe de desplazamiento en Santander y el Magdalena Medio.

Lebrija

• Aunque ha adelantado jornadas pedagógicas, de salud, consultorio jurídico y vacunación en los sectores de Uribe Uribe y Cútiga, debe mejorar mucho más su atención a la población desplazada.

Bucaramanga

• La Oficina de ACCIÓN SOCIAL UT SANTANDER, brinda una adecuada atención.
• La inestabilidad en la Oficina de Paz, el cambio constante de del director y el desconocimiento del tema no permitió avanzar en la atención y dificultó los procesos.
• Se reconoce la buena gestión de las Secretarías de Desarrollo Social y Gobierno, con la asignación de $230 millones para el 2008 y $241 millones para el 2009.
• Se destaca la caracterización de la población desplazada flotante que realizó la Fundación Autónoma de Santander.
• Preocupa el contrato suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Cooperativa Ceta, por $100 millones, que busca capacitar 180 personas en deberes y derechos y hacer seguimiento a procesos de emprendimiento y fortalecimiento empresarial. La razón es que esta entidad ya había recibido recursos de la OIM en cumplimiento del mismo objeto y cuando se les solicitó información de los beneficiarios, la negaron por razones de confidencialidad, impidiendo la labor de la veeduría.
• En el tema de vivienda no existe unidad de criterio por lo que surgió la necesidad de recurrir a FONVIVIENDA para aclarar ciertos aspectos sobre la aplicación del subsidio a través del convenio con la UNIÓN TEMPORAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAVIS-UT.

Floridablanca

• Pese al trabajo de las organizaciones persisten las dificultades. El Plan de Desarrollo no estipula los recursos para la población desplazada. A través del Banco Inmobiliario y el gobierno nacional se han destinado para subsidio complementario $2.000.000 por familia y proyectan construir el proyecto para las 325 familias de Suratoque.

Girón y Piedecuesta

• La buena voluntad de las administraciones ha permitido el buen funcionamiento de los Comités y mesas de población desplazada, aunque en Piedecuesta no se ha explicado porque no se ejecutaron los recursos del 2008.

Cometarios Finales

• Es lamentable que los municipios del área metropolitana no cuenten con un buen PIU ni con los recursos necesarios para la atención de la población en situación de desplazamiento, tal y como lo contempla la ley.
• Hay dificultades que con la buena voluntad de las instituciones y de sus funcionarios se pueden corregir. El bajo nivel de gestión de recursos para la población desplazada, impide más y mejores oportunidades.
• Es necesario que la administración departamental y las municipales adquieran más compromiso y se socialice con las organizaciones de población desplazada el proceso de contratación de los diferentes proyectos y programas destinados a su beneficio, ya que esto da un toque de transparencia y seguridad a la comunidad.

122.298 PERSONAS DESPLAZADAS TIENE ELDEPARTAMENTO DE SANTANDER

sábado, 11 de julio de 2009

Hasta el 31 de mayo de 2009 el departamento de Santander recibió un total de 122.298 personas en situación de desplazamiento, según estadísticas de Acción Social.

Con el objetivo de dar cumplimiento a los deberes legales de seguimiento que tiene cada municipio de formular y ejecutar el Plan Integral Único (PIU) de atención a la población en situación de desplazamiento, se efectuó una reunión coordinada por la Secretaría de Gobierno Departamental.

“La Gobernación de Santander ha convocado a los gobiernos de 30 municipios con el propósito de brindarles toda la orientación y apoyo para la conformación de los PIU que deben ser formulados en el nivel municipal. El día se hoy se suscriben compromisos entre los gobiernos locales que deseen el acompañamiento de la Administración Departamental”, señaló el secretario de Gobierno, Luis Fernando Cote Peña.

La conformación de los PIU se lleva a cabo con base en 4 ejes fundamentales: la prevención del desplazamiento, la atención humanitaria de emergencia para atender a las familias que ya están en condición de desplazamiento, la reincorporación socioeconómica y el fortalecimiento institucional a partir de la inclusión de quienes se encuentran afectados, con las organizaciones que recaudan sus necesidades articuladas con el entorno social.

Al encuentro asistieron representantes del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD, la cual está conformada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, la Agencia Presidencial para la Acción Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, representantes de la Fuerza Pública, agencias de cooperación internacional y organismos oficiales.

LAS MUJERES DE SANTA ROSA CONTINUAN EN SU PROCESO DE EMPODERAMIENTO COMO ACTORES SOCIALES

miércoles, 8 de julio de 2009

Un nutrido grupo de mujeres victimas del conflicto armado provenientes de los municipios de Simití, San Pablo, Santa Rosa y los corregimiento de El Cerro y Monte Rey, se reunieron en Santa Rosa, Sur de Bolívar con los asesores de la Sede Regional Nororiente con el fin de dar continuidad al proceso de fortalecimiento de la Red de Mujeres Víctimas del Nororiente, con el apoyo y acompañamiento de la MAPP-OEA

Las mujeres asistentes adquirieron las herramientas necesarias para garantizar sus derechos, para convertirse en actores políticos reales capaces de incidir en sus localidades en la implementación de una política pública a favor de las victimas. A través de actividades lúdicas y didácticas realizadas por los asesores de la sede Regional nororiente las mujeres reflexionaron sobre temas relevantes como:

- Recuperación emocional
- Violencia de género y delitos sexuales
- Pedagogía de reconciliación
- Fortalecimiento de organizaciones de víctimas, movimientos sociales y la exigibilidad de los derechos de las víctimas
- Importancia de un Red Nororiental de Víctimas
- Planeación de actividades en cada localidad.

En esta oportunidad, las mujeres tuvieron la posibilidad de conocer aspectos más profundos de la atención a victimas con perspectiva diferencial y conocer los diferentes hechos violentos que constituyen la violencia de género en el marco del conflicto armado colombiano, señaló el psicólogo de la Sede Regional Nororiente de la CNRR, Roberto Reyes. En este sentido las mujeres que hacen parte de la red, quedaron comprometidas a multiplicar la información y replicar estos espacios de socialización y capacitación en sus regiones.

Las 40 mujeres asistentes regresaron a sus municipios más empoderadas en la búsqueda de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, también se llevaron unas tareas claras y definidas para continuar con este proceso, como resultado de las actividades de planeación que se desarrollaron:

Santa Rosa: Jornada de duelo con una actividad simbólica, marcha del silencio y campaña en medios de comunicación.

Corregimiento El Cerro, municipio de Simití: Actividad cultural de reconciliación y memoria histórica con ocasión del recuerdo de la toma de El Cerro por las AUC, participación de escuelas, Juntas de Acción Comunal, comerciantes y otras organizaciones comunitarias.

San Pablo: Visibilización de las Víctimas, acciones simbólicas de Reconciliación y Recuperación de Memoria Histórica, realización de murales, campaña en medios de comunicación, realización de video.

Corregimiento Monte Rey (Simití): “Mi Pueblo no Me Olvida”, recorrido por el pueblo con carteleras, memoria de las víctimas, actividades religiosas, video, murales. Participación de organizaciones comunitarias, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones No Gubernamentales.

Como lo señala el asesor del Area de Reconciliación de la Sede Regional Nororiente de la CNRR, Eduardo Ramírez, es necesario darle continuidad al apoyo que se le ha venido brindando a las mujeres en este proceso de fortalecimiento como actores sociales, y orientar la realización de las actividades propuestas por las participantes, lo cual fortalece las organizaciones y contribuye con el propósito de hacer visible la situación de las víctimas y plantear debates públicos frente a temas de verdad, justicia, reparación, reconciliación y garantías de no repetición.

DÍA DEL GUARDÍAN

jueves, 2 de julio de 2009

En el marco de la celebración del día del guardían, el Defensor del Pueblo Regional Santander, Dilmar Ortiz Joya, hizo un reconocimiento muy especial a las labores que desempeña el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, y resaltó la importancia de la responsabilidad y del trabajo que desarrollan el grupo de hombres y mujeres encargados de velar por la seguridad en los diferentes centros penitenciarios del país.

La regional oriente del Inpec celebró esta fecha y condecoró por su conducta, y años de trabajo, a un numeroso grupo de integrantes de este organismo. El Defensor Regional señaló que es importante que el trabajo que ellos hacen lo desempeñen con mucho respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos, y al Derecho Internacional Humanitario. “Esto hace que no solamente hoy se exalte la labor que desarrollan sino que esta distinción y reconocimiento debe ser diaria, y realizada por ellos mismos al momento que culminan su labor”.

Los guardianes, manifestó Ortiz Joya, son custodios de las personas que requieren el acompañamiento y que necesitan de gente formada como son los funcionarios que integran al INPEC, “ellos, son las personas que tienen a cada instante la posibilidad de hacer cumplir ese fin de la pena consagrada en la legislación penal”.

Agregó el Defensor que los guardianes con su entrega, honestidad, transparencia y labor, hacen que los reclusos el día de mañana se reintegren a la sociedad como hombres de bien; que el sacrificio que algunos de los guardianes han hecho al estar lejos de sus familias para estar en contacto directo con las personas que han delinquido, que han transgredido la legislación, hacen mas valedera la función y el reconocimiento que el Estado colombiano les hace.

Para conmemorar esta fecha la regional oriente del INPEC ofreció un homenaje a su personal, y en ceremonia llevada a cabo en presencia de algunas autoridades civiles y militares, hizo entrega de medallas y botones por conducta y años de servicio. De igual manera, el Mayor ( r ) Jersun Meneses Gómez, Director Regional Oriente INPEC, el director del centro penitenciario y carcelario de Bucaramanga Modelo, Teniente Henry Mayorga Meléndez, y del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad Palogordo, Teniente José Alfonso Bautista recibieron de parte de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Bucaramanga la medalla al Mérito Ciudadano.

“Los guardianes deben mantener siempre presente que la vida de las personas de las cuales depende su custodia y su integridad física al interior del centro penitenciario y carcelario, es de ellos, y por tanto deben así garantizarlo porque a los centros penitenciarios y carcelarios no entra el delito, entra la persona y como tal así debe respetarse”, concluyó Dilmar Ortiz Joya.

ATENCION AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

En busca de fortalecer el trabajo con población víctima del desplazamiento forzado y en respuesta a la línea de visión No. 7: “Modernización y cualificación de la gestión defensorial”, semanalmente se editará este boletín con algunos aspectos básicos del acceso a las rutas de derechos de los mismos, así como oferta institucional y referencias de la normatividad reciente de la Corte Constitucional.

Este derecho se visibiliza en la misma Ley 387/97 (artículo 29), el Decreto 250/05. La protección en caso de riesgo/amenaza es un derecho constitucional (Artículo 13) y como Principio Rector de Desplazamientos Internos (10, 11, 12, 13 y 15). Otras disposiciones se encuentran en la Sentencia T-025/04 y el Auto 200/07, entre otros.

La presente edición hace referencia a ¿cómo se visibiliza el derecho a la protección a la vida y la integridad de esta población?. La Ruta fue estructurada con base en el Auto 200 de 2007 de la Corte Constitucional y los lineamientos del Ministerio del Interior.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO O RUTA PARA OBTENER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN?

Paso 1. Las personas en situación de desplazamiento que haya sido objeto de amenaza contra su vida en su condición de líder o por ser desplazado, podrá presentarse ante las entidades responsables: Ministerio Público (Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo) a solicitar la protección. La persona que no ostenta el carácter de líder debe acreditar mediante evidencias precisas y concretas el riesgo, más allá de un relato coherente y verosímil y acreditar mediante evidencias las acciones adelantadas ante las autoridades para solicitar la protección (ejemplo, denuncia de la amenaza).

Paso 2. El representante del Ministerio Público brindará orientación al amenazado para la construcción de la carta solicitando protección, la cual será firmada por el interesado. El Ministerio deberá remitir esta solicitud inmediatamente a la Secretaría de Gobierno municipal, para que se active la presunción del riesgo y la protección.

Paso 3. El Secretario de Gobierno verificará el cumplimiento de las condiciones de la petición de protección, realizará la valoración y análisis preliminar del riesgo.

Paso 4. El Secretario de Gobierno con la valoración preliminar (cuenta con dos (2) días), solicita a la Policía la adopción de las medidas de protección urgente o de carácter transitorio que responda a la amenaza. Estas medidas deben ser notificadas, mediante acto administrativo al interesado y sobre ellas proceden los recursos de ley.

Paso 5. El Secretario de Gobierno solicita a la Policía, el estudio de riesgo y el grado de amenaza, resultados que deben ser entregados a la misma a los 15 días.

Paso 6. El Secretario de Gobierno una vez cuenta con el estudio de riesgo tiene dos (2) días para convocar a la Mesa de Prevención y Protección, donde se presenta los casos y las actuaciones. De esta reunión se debe levantar acta.

Paso 7. Los integrantes de la Mesa de Prevención y Protección (Mesa P y P), valoran la situación para cada caso, así como el estudio del nivel de riesgo y las medidas de protección definidas (blandas y duras).

Paso 8. Una vez tomada la decisión de la Mesa, el Secretario de Gobierno durante los tres (3) días siguientes, comunicará por escrito y verbalmente a los interesados, los cuales deben acudir a la Secretaría para la notificación de las medidas determinadas y si es el caso, ejercer los recursos de Ley.

Paso 9. El beneficiario de las medidas de protección, expresa su consentimiento al firmar acta de compromiso, en la cual se especifica las medida aprobadas, las instituciones responsables, las recomendaciones de seguridad que debe cumplir y el tiempo de las mismas.

Paso 10. El Secretario de Gobierno informará a los integrantes de la Mesa de P y P sobre la ejecución y cumplimiento de las medidas adoptadas y se revaluará, por lo menos un mes antes del vencimiento de las mismas, datos que serán informados a la Mesa y al protegido, así como llevará a cabo el seguimiento de los casos.

LA CNRR ATIENDE LAS VÍCTIMAS DE CHARALÁ

Durante el año 2009 la Sede Regional Nororiente de la CNRR, ha dado continuidad al proceso de fortalecimiento de las jornadas de atención integral a víctimas del conflicto armado en el nororiente colombiano, como una estrategia importante para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Por esta razón, y en decisión adoptada por el Comité Regional de Justicia y Paz se desarrolló en el corregimiento de Riachuelo, municipio de Charalá una jornada de atención a víctimas.

Esta Jornada contó con la coordinación del Modelo de Atención Interinstitucional a Víctimas, el apoyo de la Sede Regional Nororiente de la CNRR, y de algunas instituciones del Comité Regional de Justicia y Paz: Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo Regional Santander, Policía Nacional Distrito San Gil y Alta Consejería para la Reintegración ACR; y de las instituciones locales acompañaron la Alcaldía y la Personería municipal de Charalá. Estas instituciones se reunieron en Comité Local de Atención a Víctimas, para coordinar las acciones que se prestarán durante y después de la jornada; en la búsqueda de brindar una atención más eficiente y oportuna a la comunidad en esta región de la Provincia Guanentina.

Se atendieron víctimas tanto de la guerrilla como de las AUC, que recibieron asesoría y orientación jurídica para garantizar su participación en los procesos de la ley de justicia y paz, diligenciaron los formularios de reparación judicial y de reparación vía administrativa, solicitud de defensores públicos y recibieron atención psicosocial.

Además, se realizaron dos talleres a los que asistieron 90 víctimas del corregimiento, para explicar la ruta jurídica de atención en el sistema de justicia y paz, así como la ruta de protección a víctimas y de reparación. Se atendieron 4 casos prioritarios de seguridad y se les brindó la asesoría oportuna en estos casos con el objeto de ser necesario accionar la ruta de seguridad que viene consolidando el Comité Regional de Justicia y Paz en Santander, y de esta manera prevenir amenazas a la vida y la integridad de las victimas.

Cabe destacar que se cumplió a satisfacción con los objetivos de la jornada, ya que se entregó una mejor y eficaz asesoría a las víctimas, y con la de acompañar a esta comunidad que se encuentra un poco olvidada por el Estado Colombiano, y de esta forma integrar todo el proceso de paz, derechos de las víctimas y reintegración de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, para que de esta manera demos alcance a sus derechos, revisemos con todos ellos el proceso que viene adelantando la ACR en esta región del Departamento y esto nos permite fortalecer los elementos fundamentales para avanzar en los caminos de la reconciliación y lograr una paz permanente y duradera.

LA EDUCACION Y EL DESPLAZAMIENTO FORO ESTE VIERNES 26 DE JUNIO

jueves, 25 de junio de 2009

Un foro para analizar la relación entre la educación y el desplazamiento forzado en el Departamento de Santander, realizan este viernes 26 de junio a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Guane de Bucaramanga, ACNUR, La Corporación Opción Legal y la Fundación Región Siglo XXI.

El foro denominado “ESCUELA Y DESPLAZAMIENTO: REALIDADES Y PERSPECTIVAS EN SANTANDER”, tendrá la siguiente agenda:

8:30 a 9:00 a.m.: Instalación - ACNUR. Charlotte Ridung.
9:00 a 9:30 a.m.: Educación y desplazamiento en Santander - Realidades: Corporación Opción Legal. Jasmín Cantillo J.
9:30 a10:15 a.m.: Contextualización Planes de Acción para atención educativa a población en situación de desplazamiento. Ministerio de Educación. Claudia Liliana Vargas.
10:30 a 11:15 a.m.: Políticas Públicas de atención a Población en Situación de Desplazamiento (PSD) en Santander. Secretarías de Educación de Santander, Bucaramanga y Barrancabermeja.
11:15 a 12:00 m.: Perspectivas del Derecho a la Educación - Propuesta Organizaciones de Población en situación de desplazamiento.
12:00 a 12:45 p.m.: Acuerdos y Compromisos Planes de Acción Educativos para PSD: Secretarías de Educacion de Santander - MEN - OPD.
12:45 a 1:30 p.m.: Almuerzo.
1:30 a 2:15 p.m.: Presentación Conclusiones del Foro y Cierre del Evento. Corporación Opción Legal. Jasmín Cantillo.

EN EL DÍA DEL DESPLAZADO SE PIDE MAYOR ARTICULACIÓN DEL TRABAJO PÚBLICO Y PRIVADO

jueves, 18 de junio de 2009

Este sábado 20 de junio es EL DÍA MUNDIAL DEL DESPLAZADO, y para llamar la atención sobre este tema la Fundación Participar presenta las principales propuestas emanadas de foros y actividades realizadas en las últimas semanas con organizaciones públicas y privadas que trabajan por las personas en situación de desplazamiento.

“Estas son 8 recomendaciones que de aplicarse mejorarían ostensiblemente la vida de más de 100 mil personas en situación de desplazamiento que hay en el departamento” señaló Álvaro Vecino Pico, Director Ejecutivo de la Fundación Participar.

Propuestas:

1. La principal propuesta es que haya mayor articulación entre las entidades públicas y las organizaciones no gubernamentales que trabajan por los desplazados, especialmente en temas como la salud y la vivienda.
2. Se hace un llamado a la institucionalidad para que tenga en cuenta las experiencias de organizaciones locales y ayude a financiar sus proyectos, que solo están apoyados por entidades internacionales.
3. Se necesita una mayor coordinación entre las acciones que desarrollan los municipios con el departamento y viceversa.
4. Se propone también revisar la política pública hacia el desplazamiento forzado tanto departamental como municipal, no solo desde lo cuantitativo sino desde lo cualitativo con el fin de atender mejor los 83 municipios de Santander que expulsan población y los 79 que reciben víctimas del conflicto armado.
5. Se recomienda consolidar un proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas para conocer la incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los desplazados.
6. Se invita a la institucionalidad a hacer una buena caracterización de la población desplazada para conocer sus demandas y ajustar a ellas la oferta institucional.
7. La Defensoría de Pueblo en Santander y la Universidad Industrial de Santander, UIS, realizan 4 investigaciones sobre este tema y piden que la academia se comprometa más con estos procesos.
8. Mayor compromiso de los empresarios, quienes pueden acudir a la figura de la responsabilidad social empresarial para ayudar a la población desplazada.

COMITÉ LOCAL Y JORNADA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN CHARALÁ, SANTANDER

Una reunión de comité local y una jornada de atención psicosocial y jurídica para las víctimas de la violencia en el sur de Santander, se realizarán los días 23 y 24 de junio en el municipio de Charalá, en la provincia Guanentina, anunció la Coordinadora del Modelo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas, MIAV, María del Pilar Téllez Soler.

En el Comité que se cumplirá el martes 23 a las 5 de la tarde en la alcaldía de la población, se hablará de la vulnerabilidad de las víctimas en cuanto a su seguridad y restitución de derechos.

El miércoles 24 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el salón parroquial del corregimiento “Riachuelo”, se llevará a cabo una jornada de atención a víctimas donde recibirán atención y asesoría psicosocial y jurídica.

Según María del Pilar Téllez Soler, coordinadora del MIAV, se espera a todas las personas de esta parte del departamento que hayan sido víctimas del conflicto armado, con el fin de que participen del proceso de reparación que les brinda el Estado Colombiano.

Las personas deben llevar los documentos de las gestiones que han hecho ante las autoridades. Quienes vayan por primera vez, deben aportar los documentos que los acrediten como víctimas, el registro de defunción del familiar muerto en el marco del conflicto armado o algún papel que pruebe la relación con la víctima.

Participan en estas actividades representantes de La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, La Procuraduría y el MIAV.

PINTANDO, TAMBIÉN SE HACE JUSTICIA Y PAZ

miércoles, 27 de mayo de 2009

“Color esperanza” se ha puesto la vida para 20 mujeres víctimas de la violencia en Santander, quienes pintando hacen terapia del duelo, elaboran sus focos de miedo y traumas, pertenecen a la red de apoyo social y a través de la creatividad, hacen que nazcan en ellas nuevas expectativas de vida.

Un convenio entre el componente psicosocial de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo Regional Santander, el Sena y la UDES, les permitió a estas mujeres realizar un curso de pintura y dar a conocer sus hermosos y significativos trabajos en la “I Exposición de Pintura Country”, realizada el 26 de mayo en el auditorio Low Murtra del Sena en Bucaramanga.

María, desplazada hace 10 años del Sur del Cesar, pinta cuadros, hace joyeros, cuelga-puertas y lámparas para disipar el doloroso recuerdo de la desaparición de su hijo. María aprende y piensa que ésta puede ser su oportunidad para crear una micro empresa.

A Trinidad, la muerte violenta de su esposo la sacó corriendo de su tierra y en Bucaramanga encontró un lugar para tratar de rehacer su vida. Pintar cuadros de girasoles y el acompañamiento de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo, le han devuelto la esperanza de vivir.

Beatriz, después de 20 años de la desaparición de su hijo, sigue con el anhelo de saber de él algún día. Mientras tanto con sus propias manos reconstruye la paz de su hogar y pinta de colores su existencia.

Para Ibeth Tatiana Claro Coronel, psicóloga de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo en Santander, encargada del apoyo psicosocial, “el arte distrae el foco del conflicto y la tragedia, y permite ver que la vida tiene otro sentido, que hay esperanza e incluso una oportunidad de trabajo. El arte les permite entender que se puede renacer”, quizá por eso muchas pintaron en sus cuadros hermosos girasoles.

Para el Defensor del Pueblo en Santander, Dilmar Ortiz Joya, el compromiso de Justicia y Paz, también llega hasta el alma de estas colombianas y les brinda la posibilidad de una nueva vida.

FIRMADOS CONVENIOS PARA ATENDER A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN SANTANDER

martes, 19 de mayo de 2009

Con el fin de ratificar el compromiso que han tenido las Universidades locales con las víctimas de la región, el 15 de mayo el Presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro LeonGómez, suscribió con Fray Orlando Rueda Acevedo, rector de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, un convenio de Cooperación Tecnológica, académica y científica que permitirá fortalecer el proceso de atención jurídica a las víctimas del conflicto armado, cuyo objeto es: “Establecer las bases generales de cooperación recíproca interinstitucional, que permitan el desarrollo de los objetos sociales en aquellos aspectos concomitantes a las instituciones. Tiene en consecuencia el convenio una finalidad académica y de proyección social”.

Para cumplir con este objetivo la Universidad se compromete a poner a disposición de la CNRR, sede regional Nororiente, los estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento, especialmente de la carrera de derecho para que realicen sus pasantías, prácticas y consultorios jurídicos en las instalaciones de la sede, fortaleciendo de esta manera la atención a las victimas. También pondrá a disposición de la CNRR, los recursos tecnológicos y técnicos con que cuenta la Universidad y que puedan contribuir a las actividades realizadas por la CNRR, en su tarea de garantizar a las victimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La firma de este convenio se protocolizó con la conferencia “2009: Balance de los procesos de Justicia y Paz”, que el Doctor Pizarro ofreció en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás, y a la que asistió un nutrido grupo de estudiantes y docentes de la Universidad, así como miembros del comité regional de Justicia y paz que coordina la Sede Regional Nororiente.

En horas de la tarde y previo a la actividad “Los Ángeles también Sueñan”, realizada con los niños víctimas del conflicto armado, el Doctor Pizarro se reunió con el Alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Doctor Fernando Vargas Mendoza, con el fin de impulsar la realización de un Consejo de Política Social, en el mes de julio, al que se invitará a los embajadores amigos de la CNRR para presentar el “Plan de atención prioritaria a víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bucaramanga”, iniciativa de la Alcaldía de Bucaramanga, la sede regional Nororiente de la CNRR, y el modelo interinstitucional de atención a víctimas.

Este Plan de atención prioritaria a victimas busca garantizar el acceso de manera prioritaria de las víctimas del conflicto armado a los servicios que ofrecen las diferentes Secretarías, institutos descentralizados y programas de la Alcaldía, a través de las rutas diseñadas como son: ruta saludable, ruta educativa, ruta cultural, rita de oportunidades, entre otras. El Doctor Pizarro, señaló al Alcalde de Bucaramanga la importancia de este Plan, y que se convierte en el primero de este tipo que se ejecuta en un municipio del País, por lo cual sirve de ejemplo para los demás Entes Territoriales, de cómo acompañar en la recuperación de las victimas que ha dejado el conflicto; sin comprometer nuevos recursos en sus planes de desarrollo, solamente optimizando los que ya se tienen.

RESUMEN EJECUTIVO SITUACIÓN DE JÓVENES EN BUCARAMANGA

jueves, 7 de mayo de 2009

LINEA DE BASE Y CARACTERIZACION DE ACTORES, PROCESOS Y EXPERIENCIA DE ORGANIZACION JUVENIL EN BUCARMANGAALCALDIA DE BUCARAMANGA – FUNDACION PARTICIPAR

Contrato de mínima Cuantía # 124 de Diciembre 22 de 2008
DOCUMENTO FINAL RESUMEN

En general, según cifras del Dane la población joven entre los 14 y 24 años (rangos de edad de los cuales se dispone proyecciones por edades simples) esta disminuyendo ya que pasó de 112.631 en el año 2005 a 107.295 en el año 2008. Acompañada de esta disminución en número, también se ha presentado una disminución en su participación porcentual ya que pasó de representar 21,8% del total de la población para el año 2005 a 20,6% en el año 2008.

En cuanto a su distribución especial; el 39% aproximadamente de los jóvenes residía en las comunas Oriental, Norte, San Francisco y García Rovira con una participación de 12%, 9.8%, 9%, 8.2% respectivamente.

Dentro del contexto del trabajo se acepta que no cualquier grupo o reunión de jóvenes puede asumirse como una organización juvenil y ello es así dado los supuestos de los cuales se parte:

• Las organizaciones juveniles se circunscriben dentro del conflicto social de tipo generacional, que se da entre los jóvenes y los adultos quienes están vinculados por relaciones de poder.
• Las organizaciones juveniles son una manifestación de las acciones sociales colectivas permanentes de los jóvenes, orientadas a enfrentar condiciones de desigualdad, exclusión o injusticia frente a los adultos que tienden a ser propositivas, inscribiéndose en la dinámica de construcción de consenso y no imposición violenta.
• Las organizaciones juveniles en cuanto tales, como expresión de las reivindicaciones de los jóvenes, buscan ganar autonomía frente a los adultos, para proponerse sus propios fines y hacerlos públicos sin presiones.

A partir de allí definimos a las organizaciones juveniles como un grupo de personas entre los 14 y 26 años que se auto identifican como jóvenes. Tal identidad o modo de cohesión se traduce en una forma organizativa que tiene un liderazgo visible, una estructura específica que si bien no formal si de hecho, unos objetivos en común para cuyo logro se ha excluido el uso de la violencia y cierto grado de autonomía frente a los adultos.

Se contactaron a 324 instituciones u organizaciones comunitarias distribuidas así: religiosas 63, colegios de bachillerato 91, Juntas de Acción Comunal 147, universidades 6, organismos de estado 5 (ICBF, Policía Nacional, Secretaría Municipal de Salud, CDMB, Bomberos), partidos políticos 3, organizaciones de población vulnerable 3 (Mujer, Afrocolombiano, Desplazados) y ONG´s internacionales 3 y otros 3.

En este contexto se encontraron 95 grupos de los cuales se caracterizaron 50, ya que por ejemplo el ICBF tiene 45 clubes juveniles, pero como existen unos lineamientos generales para todos se caracterizó uno y de la UIS existe una gran diversidad en cuanto a organización, pero se caracterizaron 5. En el caso de las demás se caracterizó a todas aquellas de las cuales las instituciones suministraron información.

Los grupos no se caracterizaron por el tipo que de actividades que realizan ya que por ejemplo los clubes juveniles y los del barrio, además de actividades deportivas realizan actividades de beneficencia, de celebraciones etc. Se toman de acuerdo a los entornos en los cuales están relacionados.

Así mismo a aquellas que tenían una fuerte connotación a nivel de los barrios o comunas tales como las instituciones de bachillerato, las JAC y las instituciones religiosos se indagó por otros aspectos relacionados con la seguridad (ya que esta caracterización se da en el marco del diseño de la estrategia de prevención de la delincuencia juvenil) tales como la presencia de pandillas en los barrios o dentro de la institución educativa y su percepción sobre la seguridad del barrio en el cual tienen la sede.

Estos fueron algunos de los resultados:

Las instituciones educativas de bachillerato tienen dentro de su interior situaciones que pueden ser asociadas a la criminalizada y la violencia, razón por la cual se puede afirmar que no se están haciendo de muro de protección sino que vive los problemas que aquejan la sociedad, muchas veces con la mirada indiferente tanto del Estado como del resto de la comunidad.

De las 91 instituciones encuestadas 20,9% informó que tenía conocimiento de estudiantes miembros de pandillas en la institución, el 4,4% informó que en los últimos 3 años se presentaron casos de estudiantes con armas de fuego y 46,2% con armas blancas. Así mismo el 12,1% informó que se han presentado casos de profesores amenazados en su integridad física por estudiantes y un 6,6% informó que se habían presentado heridas graves por riñas entre estudiantes.

Como una aproximación al conocimiento que se pueda tener en los barrios con algunos aspectos relacionados con la delincuencia juvenil en el gráfico 2, lado izquierdo se muestra que de los líderes comunales que se entrevistaron en este estudio, el 43% informo conocer de la presencia de pandillas en su barrio y el 62% considera que su barrio es muy inseguro o inseguro. La anterior percepción de los líderes llama la atención ya que la mayor parte de los delitos llevaban una tendencia ascendente especialmente entre el año 2005 y el año 2007 y lograron una disminución importante durante el año 2008 véase por ejemplo las lesiones personales y el hurto a las personas.

En cuanto a la delincuencia juvenil, se muestra que del total de capturados el 30,1% (6464 personas) se encontraban en el rango de edad de 14 a 17 años y un 31,9% (6861 personas) en el rango de edad de 18 a 26 años, para una participación de 62% en el total de capturas. Aunque la participación en la comisión de delitos de estos dos rangos es similar, es necesario tener en cuenta que la población entre el rango de 18 a 26 es 2,5 veces mayor que la población en el rango de 14 a 17años. Llama la atención la participación 606 niños entre 7 y 14 años como protagonistas de actos delincuenciales.

Visto por trimestres, el número de capturados en el rango de 14 a 17 tiene un marcado comportamiento ascendente que empieza con 169 jóvenes capturados en el primer trimestre del 2004 y alcanza un pico en el segundo trimestre de 2008 de 681 a partir del cual comienza a descender de manera de manera importante. En el rango de 18 a 26 años y de 27 a 55 años se observa una tendencia descendente siendo más marcado en este último.

A medida que se incrementa el rango de edad, la participación en los diferentes tipos de delitos es mas dispersa, mientras que en el primer rango de edad, menores de 14 años y de 14 a 17 años el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concentra el 50% de las capturas, seguido por el hurto a personas con un 23,2% y 25,5% respectivamente. En otras palabras, más del 70% de las capturas estarían explicados por la comisión de estos dos tipos de delitos.

En el rango de 18 a 26 años y en el rango de 27 a 55 años, el delito que tiene mayor participación es el hurto a personas con 32,3% 20,9% respectivamente y el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes con 20,1% y 17,5% respectivamente, valores inferiores a la participación de los rangos de edad anteriores.

CONCLUSIONES

A partir de los todos los datos anteriores se pueden sacar las siguientes conclusiones:

El incremento de la delincuencia en juvenil, según el número de capturados esta explicado por la mayor implicación de los jóvenes de 14 a 17 años en el delito de tráfico porte de estupefacientes.

Al analizar el comportamiento de la capturas por series de tiempo, se encuentra que la población de 18 a 26 años tiene un comportamiento muy diferente al de la población de 14 a 17 años, pero si muy parecido al rango de 27 a 55 años, lo cual hace pensar que, en términos de una política de seguridad ciudad:

• No se deben agrupar en un mismo grupo de “jóvenes” siguiendo el marco de la ley, a la población de 14 a 26 años. Si no que se debe diferenciar entre los menores de 18 años y el resto.
• En esta medida consideramos que las políticas que se implementen para la población de 18 a 26 años deben seguir la misma directriz de la política de seguridad ciudad general ya que; si bien puede que tenga características diferentes a la población de 27 a 55 años, estas diferencias no tienen una incidencia significativa en términos de los comportamientos de las capturas.
• Si el grueso del problema de delincuencia juvenil se encuentra en el rango de menores de 18 años, pero especialmente el de 14 a 17 años y el problema está asociado con los estupefacientes, consideramos que el escenario de intervención no deberían ser propiamente las organizaciones juveniles (aunque iniciativas como las de los clubes son muy importantes), sino las instituciones educativas mediante una estrategia sería e integral, primero disminuyendo la deserción (que de hecho es obligación del Estado), segundo logrando un mayor conocimiento sobre las situaciones que se están evidenciando en los colegios en términos de violencia y criminalidad. Esta estrategia debe ir acompañada de una intervención de la policía que se concentre en combatir a los grandes y medianas redes de distribución de droga en la ciudad.