INFORME VEEDURÍA DE LOS RECURSOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN EL ÁREA METROPOLITANA, LEBRIJA Y BARRANCABERMEJA

martes, 14 de julio de 2009

Un completo informe acerca de la utilización de los recursos de la población en situación de desplazamiento presentó “El Comité Central de Veeduría Ciudadana de Población Desplazada –COVEEPIUS-” un proyecto liderado por la Fundación Participar con el apoyo de ACNUR.

Dora Luisa Joya Jiménez, coordinadora del proyecto, señala que “Mediante derechos de petición, participación en los comités municipales de atención a población desplazada, en las mesas de ayuda humanitaria de emergencia, de estabilización socioeconómica, de prevención y protección y de fortalecimiento de las organizaciones de población desplazada, se intenta garantizar que los recursos se ejecuten en los programas y proyectos del Plan Integral Único, PIU, y Planes de Desarrollo de estos municipios”.

RESULTADOS

Barrancabermeja

• Se restablecen sus derechos con capacitaciones y programas de generación de ingresos. En el 2008 se invirtieron $800 millones y en el 2009 $866 millones.
• ACCIÓN SOCIAL Unidad Técnica MAGDALENA MEDIO, atiende de manera deficiente y le cierra las puertas a esta población, dificultando los procedimientos y negando las solicitudes, haciendo caso omiso a las órdenes dadas por la Corte Constitucional mediante sus diferentes Autos.
• Se realizará un cabildo abierto para tratar el tema de salud, organizado por el Comité, la Mesa de Fortalecimiento de Organizaciones de población desplazada y la alcaldía de Barrancabermeja.
• En el V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizará en Barrancabermeja del 11 al 14 de agosto, se presentará un informe de desplazamiento en Santander y el Magdalena Medio.

Lebrija

• Aunque ha adelantado jornadas pedagógicas, de salud, consultorio jurídico y vacunación en los sectores de Uribe Uribe y Cútiga, debe mejorar mucho más su atención a la población desplazada.

Bucaramanga

• La Oficina de ACCIÓN SOCIAL UT SANTANDER, brinda una adecuada atención.
• La inestabilidad en la Oficina de Paz, el cambio constante de del director y el desconocimiento del tema no permitió avanzar en la atención y dificultó los procesos.
• Se reconoce la buena gestión de las Secretarías de Desarrollo Social y Gobierno, con la asignación de $230 millones para el 2008 y $241 millones para el 2009.
• Se destaca la caracterización de la población desplazada flotante que realizó la Fundación Autónoma de Santander.
• Preocupa el contrato suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Cooperativa Ceta, por $100 millones, que busca capacitar 180 personas en deberes y derechos y hacer seguimiento a procesos de emprendimiento y fortalecimiento empresarial. La razón es que esta entidad ya había recibido recursos de la OIM en cumplimiento del mismo objeto y cuando se les solicitó información de los beneficiarios, la negaron por razones de confidencialidad, impidiendo la labor de la veeduría.
• En el tema de vivienda no existe unidad de criterio por lo que surgió la necesidad de recurrir a FONVIVIENDA para aclarar ciertos aspectos sobre la aplicación del subsidio a través del convenio con la UNIÓN TEMPORAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAVIS-UT.

Floridablanca

• Pese al trabajo de las organizaciones persisten las dificultades. El Plan de Desarrollo no estipula los recursos para la población desplazada. A través del Banco Inmobiliario y el gobierno nacional se han destinado para subsidio complementario $2.000.000 por familia y proyectan construir el proyecto para las 325 familias de Suratoque.

Girón y Piedecuesta

• La buena voluntad de las administraciones ha permitido el buen funcionamiento de los Comités y mesas de población desplazada, aunque en Piedecuesta no se ha explicado porque no se ejecutaron los recursos del 2008.

Cometarios Finales

• Es lamentable que los municipios del área metropolitana no cuenten con un buen PIU ni con los recursos necesarios para la atención de la población en situación de desplazamiento, tal y como lo contempla la ley.
• Hay dificultades que con la buena voluntad de las instituciones y de sus funcionarios se pueden corregir. El bajo nivel de gestión de recursos para la población desplazada, impide más y mejores oportunidades.
• Es necesario que la administración departamental y las municipales adquieran más compromiso y se socialice con las organizaciones de población desplazada el proceso de contratación de los diferentes proyectos y programas destinados a su beneficio, ya que esto da un toque de transparencia y seguridad a la comunidad.

122.298 PERSONAS DESPLAZADAS TIENE ELDEPARTAMENTO DE SANTANDER

sábado, 11 de julio de 2009

Hasta el 31 de mayo de 2009 el departamento de Santander recibió un total de 122.298 personas en situación de desplazamiento, según estadísticas de Acción Social.

Con el objetivo de dar cumplimiento a los deberes legales de seguimiento que tiene cada municipio de formular y ejecutar el Plan Integral Único (PIU) de atención a la población en situación de desplazamiento, se efectuó una reunión coordinada por la Secretaría de Gobierno Departamental.

“La Gobernación de Santander ha convocado a los gobiernos de 30 municipios con el propósito de brindarles toda la orientación y apoyo para la conformación de los PIU que deben ser formulados en el nivel municipal. El día se hoy se suscriben compromisos entre los gobiernos locales que deseen el acompañamiento de la Administración Departamental”, señaló el secretario de Gobierno, Luis Fernando Cote Peña.

La conformación de los PIU se lleva a cabo con base en 4 ejes fundamentales: la prevención del desplazamiento, la atención humanitaria de emergencia para atender a las familias que ya están en condición de desplazamiento, la reincorporación socioeconómica y el fortalecimiento institucional a partir de la inclusión de quienes se encuentran afectados, con las organizaciones que recaudan sus necesidades articuladas con el entorno social.

Al encuentro asistieron representantes del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD, la cual está conformada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, la Agencia Presidencial para la Acción Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, representantes de la Fuerza Pública, agencias de cooperación internacional y organismos oficiales.

LAS MUJERES DE SANTA ROSA CONTINUAN EN SU PROCESO DE EMPODERAMIENTO COMO ACTORES SOCIALES

miércoles, 8 de julio de 2009

Un nutrido grupo de mujeres victimas del conflicto armado provenientes de los municipios de Simití, San Pablo, Santa Rosa y los corregimiento de El Cerro y Monte Rey, se reunieron en Santa Rosa, Sur de Bolívar con los asesores de la Sede Regional Nororiente con el fin de dar continuidad al proceso de fortalecimiento de la Red de Mujeres Víctimas del Nororiente, con el apoyo y acompañamiento de la MAPP-OEA

Las mujeres asistentes adquirieron las herramientas necesarias para garantizar sus derechos, para convertirse en actores políticos reales capaces de incidir en sus localidades en la implementación de una política pública a favor de las victimas. A través de actividades lúdicas y didácticas realizadas por los asesores de la sede Regional nororiente las mujeres reflexionaron sobre temas relevantes como:

- Recuperación emocional
- Violencia de género y delitos sexuales
- Pedagogía de reconciliación
- Fortalecimiento de organizaciones de víctimas, movimientos sociales y la exigibilidad de los derechos de las víctimas
- Importancia de un Red Nororiental de Víctimas
- Planeación de actividades en cada localidad.

En esta oportunidad, las mujeres tuvieron la posibilidad de conocer aspectos más profundos de la atención a victimas con perspectiva diferencial y conocer los diferentes hechos violentos que constituyen la violencia de género en el marco del conflicto armado colombiano, señaló el psicólogo de la Sede Regional Nororiente de la CNRR, Roberto Reyes. En este sentido las mujeres que hacen parte de la red, quedaron comprometidas a multiplicar la información y replicar estos espacios de socialización y capacitación en sus regiones.

Las 40 mujeres asistentes regresaron a sus municipios más empoderadas en la búsqueda de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, también se llevaron unas tareas claras y definidas para continuar con este proceso, como resultado de las actividades de planeación que se desarrollaron:

Santa Rosa: Jornada de duelo con una actividad simbólica, marcha del silencio y campaña en medios de comunicación.

Corregimiento El Cerro, municipio de Simití: Actividad cultural de reconciliación y memoria histórica con ocasión del recuerdo de la toma de El Cerro por las AUC, participación de escuelas, Juntas de Acción Comunal, comerciantes y otras organizaciones comunitarias.

San Pablo: Visibilización de las Víctimas, acciones simbólicas de Reconciliación y Recuperación de Memoria Histórica, realización de murales, campaña en medios de comunicación, realización de video.

Corregimiento Monte Rey (Simití): “Mi Pueblo no Me Olvida”, recorrido por el pueblo con carteleras, memoria de las víctimas, actividades religiosas, video, murales. Participación de organizaciones comunitarias, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones No Gubernamentales.

Como lo señala el asesor del Area de Reconciliación de la Sede Regional Nororiente de la CNRR, Eduardo Ramírez, es necesario darle continuidad al apoyo que se le ha venido brindando a las mujeres en este proceso de fortalecimiento como actores sociales, y orientar la realización de las actividades propuestas por las participantes, lo cual fortalece las organizaciones y contribuye con el propósito de hacer visible la situación de las víctimas y plantear debates públicos frente a temas de verdad, justicia, reparación, reconciliación y garantías de no repetición.

DÍA DEL GUARDÍAN

jueves, 2 de julio de 2009

En el marco de la celebración del día del guardían, el Defensor del Pueblo Regional Santander, Dilmar Ortiz Joya, hizo un reconocimiento muy especial a las labores que desempeña el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, y resaltó la importancia de la responsabilidad y del trabajo que desarrollan el grupo de hombres y mujeres encargados de velar por la seguridad en los diferentes centros penitenciarios del país.

La regional oriente del Inpec celebró esta fecha y condecoró por su conducta, y años de trabajo, a un numeroso grupo de integrantes de este organismo. El Defensor Regional señaló que es importante que el trabajo que ellos hacen lo desempeñen con mucho respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos, y al Derecho Internacional Humanitario. “Esto hace que no solamente hoy se exalte la labor que desarrollan sino que esta distinción y reconocimiento debe ser diaria, y realizada por ellos mismos al momento que culminan su labor”.

Los guardianes, manifestó Ortiz Joya, son custodios de las personas que requieren el acompañamiento y que necesitan de gente formada como son los funcionarios que integran al INPEC, “ellos, son las personas que tienen a cada instante la posibilidad de hacer cumplir ese fin de la pena consagrada en la legislación penal”.

Agregó el Defensor que los guardianes con su entrega, honestidad, transparencia y labor, hacen que los reclusos el día de mañana se reintegren a la sociedad como hombres de bien; que el sacrificio que algunos de los guardianes han hecho al estar lejos de sus familias para estar en contacto directo con las personas que han delinquido, que han transgredido la legislación, hacen mas valedera la función y el reconocimiento que el Estado colombiano les hace.

Para conmemorar esta fecha la regional oriente del INPEC ofreció un homenaje a su personal, y en ceremonia llevada a cabo en presencia de algunas autoridades civiles y militares, hizo entrega de medallas y botones por conducta y años de servicio. De igual manera, el Mayor ( r ) Jersun Meneses Gómez, Director Regional Oriente INPEC, el director del centro penitenciario y carcelario de Bucaramanga Modelo, Teniente Henry Mayorga Meléndez, y del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad Palogordo, Teniente José Alfonso Bautista recibieron de parte de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Bucaramanga la medalla al Mérito Ciudadano.

“Los guardianes deben mantener siempre presente que la vida de las personas de las cuales depende su custodia y su integridad física al interior del centro penitenciario y carcelario, es de ellos, y por tanto deben así garantizarlo porque a los centros penitenciarios y carcelarios no entra el delito, entra la persona y como tal así debe respetarse”, concluyó Dilmar Ortiz Joya.

ATENCION AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

En busca de fortalecer el trabajo con población víctima del desplazamiento forzado y en respuesta a la línea de visión No. 7: “Modernización y cualificación de la gestión defensorial”, semanalmente se editará este boletín con algunos aspectos básicos del acceso a las rutas de derechos de los mismos, así como oferta institucional y referencias de la normatividad reciente de la Corte Constitucional.

Este derecho se visibiliza en la misma Ley 387/97 (artículo 29), el Decreto 250/05. La protección en caso de riesgo/amenaza es un derecho constitucional (Artículo 13) y como Principio Rector de Desplazamientos Internos (10, 11, 12, 13 y 15). Otras disposiciones se encuentran en la Sentencia T-025/04 y el Auto 200/07, entre otros.

La presente edición hace referencia a ¿cómo se visibiliza el derecho a la protección a la vida y la integridad de esta población?. La Ruta fue estructurada con base en el Auto 200 de 2007 de la Corte Constitucional y los lineamientos del Ministerio del Interior.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO O RUTA PARA OBTENER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN?

Paso 1. Las personas en situación de desplazamiento que haya sido objeto de amenaza contra su vida en su condición de líder o por ser desplazado, podrá presentarse ante las entidades responsables: Ministerio Público (Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo) a solicitar la protección. La persona que no ostenta el carácter de líder debe acreditar mediante evidencias precisas y concretas el riesgo, más allá de un relato coherente y verosímil y acreditar mediante evidencias las acciones adelantadas ante las autoridades para solicitar la protección (ejemplo, denuncia de la amenaza).

Paso 2. El representante del Ministerio Público brindará orientación al amenazado para la construcción de la carta solicitando protección, la cual será firmada por el interesado. El Ministerio deberá remitir esta solicitud inmediatamente a la Secretaría de Gobierno municipal, para que se active la presunción del riesgo y la protección.

Paso 3. El Secretario de Gobierno verificará el cumplimiento de las condiciones de la petición de protección, realizará la valoración y análisis preliminar del riesgo.

Paso 4. El Secretario de Gobierno con la valoración preliminar (cuenta con dos (2) días), solicita a la Policía la adopción de las medidas de protección urgente o de carácter transitorio que responda a la amenaza. Estas medidas deben ser notificadas, mediante acto administrativo al interesado y sobre ellas proceden los recursos de ley.

Paso 5. El Secretario de Gobierno solicita a la Policía, el estudio de riesgo y el grado de amenaza, resultados que deben ser entregados a la misma a los 15 días.

Paso 6. El Secretario de Gobierno una vez cuenta con el estudio de riesgo tiene dos (2) días para convocar a la Mesa de Prevención y Protección, donde se presenta los casos y las actuaciones. De esta reunión se debe levantar acta.

Paso 7. Los integrantes de la Mesa de Prevención y Protección (Mesa P y P), valoran la situación para cada caso, así como el estudio del nivel de riesgo y las medidas de protección definidas (blandas y duras).

Paso 8. Una vez tomada la decisión de la Mesa, el Secretario de Gobierno durante los tres (3) días siguientes, comunicará por escrito y verbalmente a los interesados, los cuales deben acudir a la Secretaría para la notificación de las medidas determinadas y si es el caso, ejercer los recursos de Ley.

Paso 9. El beneficiario de las medidas de protección, expresa su consentimiento al firmar acta de compromiso, en la cual se especifica las medida aprobadas, las instituciones responsables, las recomendaciones de seguridad que debe cumplir y el tiempo de las mismas.

Paso 10. El Secretario de Gobierno informará a los integrantes de la Mesa de P y P sobre la ejecución y cumplimiento de las medidas adoptadas y se revaluará, por lo menos un mes antes del vencimiento de las mismas, datos que serán informados a la Mesa y al protegido, así como llevará a cabo el seguimiento de los casos.

LA CNRR ATIENDE LAS VÍCTIMAS DE CHARALÁ

Durante el año 2009 la Sede Regional Nororiente de la CNRR, ha dado continuidad al proceso de fortalecimiento de las jornadas de atención integral a víctimas del conflicto armado en el nororiente colombiano, como una estrategia importante para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Por esta razón, y en decisión adoptada por el Comité Regional de Justicia y Paz se desarrolló en el corregimiento de Riachuelo, municipio de Charalá una jornada de atención a víctimas.

Esta Jornada contó con la coordinación del Modelo de Atención Interinstitucional a Víctimas, el apoyo de la Sede Regional Nororiente de la CNRR, y de algunas instituciones del Comité Regional de Justicia y Paz: Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo Regional Santander, Policía Nacional Distrito San Gil y Alta Consejería para la Reintegración ACR; y de las instituciones locales acompañaron la Alcaldía y la Personería municipal de Charalá. Estas instituciones se reunieron en Comité Local de Atención a Víctimas, para coordinar las acciones que se prestarán durante y después de la jornada; en la búsqueda de brindar una atención más eficiente y oportuna a la comunidad en esta región de la Provincia Guanentina.

Se atendieron víctimas tanto de la guerrilla como de las AUC, que recibieron asesoría y orientación jurídica para garantizar su participación en los procesos de la ley de justicia y paz, diligenciaron los formularios de reparación judicial y de reparación vía administrativa, solicitud de defensores públicos y recibieron atención psicosocial.

Además, se realizaron dos talleres a los que asistieron 90 víctimas del corregimiento, para explicar la ruta jurídica de atención en el sistema de justicia y paz, así como la ruta de protección a víctimas y de reparación. Se atendieron 4 casos prioritarios de seguridad y se les brindó la asesoría oportuna en estos casos con el objeto de ser necesario accionar la ruta de seguridad que viene consolidando el Comité Regional de Justicia y Paz en Santander, y de esta manera prevenir amenazas a la vida y la integridad de las victimas.

Cabe destacar que se cumplió a satisfacción con los objetivos de la jornada, ya que se entregó una mejor y eficaz asesoría a las víctimas, y con la de acompañar a esta comunidad que se encuentra un poco olvidada por el Estado Colombiano, y de esta forma integrar todo el proceso de paz, derechos de las víctimas y reintegración de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, para que de esta manera demos alcance a sus derechos, revisemos con todos ellos el proceso que viene adelantando la ACR en esta región del Departamento y esto nos permite fortalecer los elementos fundamentales para avanzar en los caminos de la reconciliación y lograr una paz permanente y duradera.